La frenó el nuevo gobernador, Oscar Jorge, por considerarla anticonstitucional
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Martes 18 de diciembre de 2007
SANTA ROSA.- Lo que tanto temían las asociaciones de mujeres y los
diputados ocurrió: el nuevo gobernador de La Pampa, Oscar Mario Jorge
(PJ), vetó totalmente la ley provincial 2394, que regulaba la práctica
de abortos no punibles.
La norma, presentada por el legislador Adrián Peppino (PS) y
aprobada el 29 de noviembre, establecía un protocolo que regulaba el
procedimiento que debían realizar los médicos en los centros públicos
en los casos de los abortos no punibles, contemplados desde hace 70
años en los incisos 1 y 2 del artículo 86 del Código Penal de la
Nación
La ley indicaba qué debían hacer los profesionales de los
centros de salud cuando el embarazo pusiera en peligro la vida o la
salud de la mujer, o la gestación fuera fruto de una violación de una
mujer idiota o demente. Tuvo fuerte apoyo en la ciudadanía. Incluso fue
apoyada por el entonces ministro de Salud de la Nación, Ginés González
García.
Pero el gobernador Jorge ayer firmó un decreto y dijo que la
norma era anticonstitucional porque, entre otros puntos, permitía
interpretaciones y aplicaciones que colisionaban "abiertamente con el
espíritu restrictivo de los tipos cerrados" de la legislación penal.
Consideró que se "ampliaron o modificaron" las disposiciones del Código
Penal.
La Iglesia, satisfecha
La norma era fuertemente resistida por la Iglesia Católica,
que incluso había efectuado manifestaciones en la Cámara de Diputados y
frente a la casa de gobierno. Juan Carlos Cipolla, vocero del Obispado
de Santa Rosa, dijo que esperaban el veto. "Además de ir en contra de
la vida, se sabía que los argumentos eran inconstitucionales. Si se
analizaba bien, no cabía otra opción. Seguramente, la norma volverá a
Diputados y se volverá a discutir. Pero no sé cómo harán para salvar la
inconstitucionalidad", dijo a LA NACION.
La noticia cayó como un balde de agua fría entre los defensores de la norma.
"Este veto hace caer la careta a un gobernador que se dice
democrático, pero que ha tomado esta decisión «volteando» una decisión
ampliamente mayoritaria de Diputados, que pretendía avanzar con
políticas en derechos establecidos en 1921", dijo el diputado Peppino.
-¿Y qué opina de Carlos Verna, que no promulgó la ley antes de dejar el pode
-Tuvo
un acto de cobardía política, con un doble discurso, como fue todo su
gobierno. Hubo funcionarios que estuvieron de acuerdo con esta ley.
Incluso él. Pero al momento de resolverlo políticamente, su cobardía
pudo más.
La norma establecía la objeción de conciencia para los
médicos. También determinaba que en los casos de abortos no punibles
los servicios de salud debían garantizar la realización de un
diagnóstico y las intervenciones médicas necesarias para la
interrupción de un embarazo sin riesgos para la mujer y que además
tenían que proveerla de atención médica y psicológica antes y después
del aborto. También se determinaba que esas prácticas abortivas,
reiterando lo que establece el Código Penal, no necesitaban
autorización judicial.
Los defensores de la norma pretendían que no se siguiera
judicializando una práctica que está permitida por ley desde hace 86
años.
Modificaciones
Jorge dijo que la llamada ley Peppino modificaba la ley de
fondo: "Si bien el texto sancionado hace referencia a los incisos 1 y 2
del artículo 86 del Código Penal, introduce al mismo tiempo
interpretaciones a la legislación de fondo, las cuales amplían y
modifican en su aplicación la figura penal referenciada".
"Las conductas tipificadas por la legislación penal, como
normativa de orden público, no resisten interpretaciones ni
reglamentaciones que excedan, modifiquen, contradigan o restrinjan los
requisitos que deben concurrir en cada una, tal y como ocurre con la
norma sancionada", argumentó Jorge, quien dijo que el Estado pampeano,
en caso de sancionarse la norma, podría ser pasible de juicios, ya que,
según consideró, la norma vetada es anticonstitucional.
Por Sergio Romano
Para LA NACION
Comentario Druídico: ¿Podrán decir los partidarios del inmovilismo que la rogatorias y manifestaciones encabezadas por el Sr. Obispo de Santa Rosa, Mons. Bredice, no tuvo ninguna influencia en esta decisión? ¿Podrán decir que la determinación del obispo pampeano no fue a contrapelo de las directivas de la CEA? En fin, una muestra palmaria de que la Iglesia burocratizada en los paquidermicos organismos colegiales es el coto de una oligarquía de prelados. Que estos prelados manejan "la caja" y fungen de representantes de todos, mientra "todos" la miran por TV. Y que cada obispo debe recuperar el ejercicio de la soberanía que tiene en su propia diócesis, que solamente responde al Papa.
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